Hace unos meses
“Tenerife se mueve”, esa supuesta plataforma ciudadana configurada y financiada
por la Cámara de Comercio, la CEOE y el Cabildo de Tenerife, con el formato de globo sonda que hiciera famoso el
profesor Barea cuando fue Director
de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno durante la primera
legislatura de José María Aznar, salía a la palestra para reclamar que las
bonificaciones destinadas a los empresarios para estimular la contratación corran a cargo de la Seguridad Social.
Ese globo sonda parece que ha tomado cuerpo y
ahora los que protagonizan esa demanda son el Gobierno de Canarias y todos los grupos
parlamentarios sin excepción. Todos a una exigen una reforma del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias (REF) que implique una apuesta por el empleo y
por las mal llamadas políticas de estímulo, basadas fundamentalmente en la
rebaja de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
En la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de
Tenerife estamos convencidos de que con este tipo de medidas,
que actúan directamente sobre el
gasto para rebajar los costes empresariales, sólo se generan las condiciones
para que el empresario encuentre una contratación “domesticada” y barata. Las obscenas
tasas de desempleo, precariedad y exclusión social que soporta Canarias, unidas
a la continua y convulsiva aplicación de este tipo de políticas –Estrategia de
Dinamización Económica (2008), Pacto Social por la Economía y el Empleo
(2009), Acuerdo por la Empleabilidad y Emprendeduría en Canarias (2011),
Estrategia Canaria de Formación y Empleo (2012-2014), Pacto por la Economía, el
Empleo y la Cohesión Social (2012) y Estrategia Canaria por el Crecimiento y el
Empleo para el período 2013-2020– y
la utilización de instrumentos fiscales como la Reserva Canarias de Inversiones
(RIC) o la Deducción por Inversiones, de creación más reciente, ponen en
evidencia la nula eficacia de dichas políticas y nos atrevernos
a decir que han sido contraproducentes, pues a pesar del aumento de la
actividad económica, que ha llevado al
presidente Paulino Rivero a sacar pecho diciendo que “2014 será el primero de los años buenos que
Canarias tiene por delante" y que el Archipiélago "dejará atrás lo
peor de la crisis económica y creará empleo", la tasa de paro en todos los
intervalos de edad y para todos los colectivos (mujeres, jóvenes, parados de
larga duración, etcétera) no ha hecho sino crecer.
Desde la Plataforma
por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife creemos que las políticas de empleo deberían
proteger a los trabajadores, no a los puestos de trabajo ni a los empresarios.
Por ello, si se ha condenado a la
Seguridad Social a tener como única fuente de recursos financieros las
cotizaciones sociales con la exigencia, además, de que su presupuesto debe estar equilibrado, la medida propuesta por los partidos del arco
parlamentario canario para estimular la contratación vía REF, que implicaría
trasferencias de una parte importante del capital destinado a las pensiones y
otras coberturas sociales a las rentas empresariales, se estaría poniendo en
peligro no solo a las pensiones públicas, sino a todo el sistema de Seguridad
Social.
Por eso creemos que
si de verdad se quiere estimular la creación de
empleo sin añadir un plus de
sufrimiento a los colectivos más sensibles (Pensionistas, personas desempleadas,
mujeres, jóvenes), se debe ir en otra dirección. En primer lugar, se deben suprimir
las sucesivas reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos del PP y del
PSOE, causantes en gran medida de la
destrucción de empleo y de derechos;
abandonar el austericidio impuesto por la Troika y aumentar los
salarios, sobre todo el salario mínimo, con lo que, encima, se conseguiría
acrecentar los ingresos vía cotizaciones; favorecer y potenciar la
incorporación de la mujer al mercado laboral; llevar a cabo una profunda reforma
del sistema financiero, nacionalizar aquellas entidades intervenidas por el
Estado y renacionalizar las cajas de ahorros, para
hacer circular el crédito y estimular la actividad económica, incrementar la
inversión pública en sanidad, educación, dependencia, servicios sociales
infraestructuras necesarias, etcétera; fomentar las políticas sociales y de
apoyo a las familias…
Según el Sindicato
de Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, en Canarias la economía sumergida y la evasión
fiscal superan el 35 por ciento del PIB;
por lo tanto, las medidas de estímulo al empleo que proponemos deben venir
acompañadas por otras que incidan en el capítulo de ingresos, haciéndose
imprescindible una lucha decidida contra esta lacra. Para ello, es esencial que
las grandes fortunas paguen impuestos, que se obligue a los empresarios a abonar
íntegramente el Impuesto de Sociedades, que las rentas más altas aumenten su
cotización a la Seguridad Social y que se eliminen la Reserva de Inversiones de
Canarias (RIC) y las SICAV.
Sólo activando
éstas y otras medidas semejantes se estará atacando la raíz de los problemas
que hacen de Canarias una de las autonomías más subdesarrolladas de España.
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