martes, 21 de enero de 2014

OTRA VUELTA DE TUERCA


Campaña de terror a los futuros pensionistas

OTRA VUELTA DE TUERCA

El Gobierno del Partido Popular se dispone a dar otra vuelta de tuerca al sistema público de la Seguridad Social. Después de haber promulgado una ley que recorta profundamente las actuales y, sobre todo, las futuras pensiones, anuncia ahora la puesta en marcha  de una “campaña informativa” para los trabajadores mayores de cincuenta años, sobre su expectativa de pensión cuando se jubilen. De esta manera, según el ministerio de Trabajo, el trabajador o trabajadora podrá conocer la cuantía aproximada de su pensión pública y decidir si debe completarla con un plan privad  
Es lo que la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife viene denunciando desde que se dio a conocer el proyecto de reforma de las pensiones: lo que está detrás del mismo no es el mantenimiento del sistema público, sino el apoyo al sistema privado de los bancos y mutuas de previsión. La “campaña informativa” no será tal, sino una verdadera campaña de terror para que los futuros pensionistas, al ver sobre el papel que su pensión será bastante inferior a la que esperaban, se decidan a cotizar dos veces: una por su miserable pensión pública y otra por la hipotética pensión privada que la complemente (y que, por otra parte, tampoco será muy boyante).
¿Pero quiénes podrán optar por una pensión privada? ¿Los trabajadores y trabajadoras eventuales? ¿Los sometidos a contratos precarios? ¿Los carentes de convenios colectivos que les permitan un salario mínimamente digno? ¿Los que están en el paro? ¿Los que cobran el congelado salario mínimo? No, solamente aquéllos y aquéllas que ganen un sueldo suficiente para permitírselo. Los demás –la inmensa mayoría– tendrán que conformarse con las pensiones públicas, que apenas darán para sobrevivir. Lo mismo que pasará –si no lo impedimos– con la sanidad, la educación y los restantes servicios sociales: los públicos, de subsistencia, para la mayoría y los privados, dotados de todos los medios, para los privilegiados que puedan pagárselos.
¿Y por qué se informará de momento sólo a los mayores de cincuenta años? Porque son, según las estadísticas, el segmento de trabajadores más proclive a contratar planes de pensiones privados. Los más jóvenes, precarios o sin empleo, están más por marcharse a trabajar fuera que por quedarse aquí pasando privaciones, frustración y miserias.
Los que sí están dando saltos de alegría son los bancos y empresas de planes privados, fondos de pensiones y mutuas de previsión, que ven cumplida una de sus demandas más insistentes, y es que el Gobierno, con fondos públicos, les haga la campaña de propaganda necesaria para que  sus aterrorizados  clientes corran a suscribir sus seguros.

Pero que no se alegren demasiado. Los trabajadores y trabajadoras, las clases populares en general, no aguantarán impasibles todo el cúmulo de agresiones a que están siendo sometidos por el capital y sus representantes políticos. Más pronto que tarde esto tendrá que acabar, y sólo podrá darle fin un amplísimo movimiento social y político que ponga en cuestión el inicuo sistema de explotación de la mayoría por una minoría de privilegiados. Desde la Plataforma en Defensa de las Pensiones públicas de Tenerife llamamos a todos los sectores sociales agredidos a que se esfuercen por hacer posible ese movimiento de lucha y ofensiva, que nos devolverá la dignidad que nos quieren arrebatar.

miércoles, 15 de enero de 2014

LA REFORMA DEL REF Y LAS PENSIONES


Hace unos meses “Tenerife se mueve”, esa supuesta plataforma ciudadana configurada y financiada por la Cámara de Comercio, la CEOE y el Cabildo de Tenerife, con el formato de globo sonda que hiciera famoso el profesor Barea cuando fue Director de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno durante la primera legislatura de José María Aznar, salía a la palestra para reclamar que las bonificaciones destinadas a los empresarios para estimular la contratación  corran a cargo de la Seguridad Social. Ese globo sonda parece que ha tomado cuerpo y  ahora los que protagonizan esa demanda son el  Gobierno de Canarias y todos los grupos parlamentarios sin excepción. Todos a una exigen una reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) que implique una apuesta por el empleo y por las mal llamadas políticas de estímulo, basadas fundamentalmente en la rebaja de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

En la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife   estamos convencidos de que con este tipo de medidas, que actúan directamente sobre el gasto para rebajar los costes empresariales, sólo se generan las condiciones para que el empresario encuentre una  contratación “domesticada” y barata. Las obscenas tasas de desempleo, precariedad y exclusión social que soporta Canarias, unidas a la continua y convulsiva aplicación de este tipo de políticas –Estrategia de Dinamización Económica (2008), Pacto Social por la Economía y el Empleo (2009), Acuerdo por la Empleabilidad y Emprendeduría en Canarias (2011), Estrategia Canaria de Formación y Empleo (2012-2014), Pacto por la Economía, el Empleo y la Cohesión Social (2012) y Estrategia Canaria por el Crecimiento y el Empleo para el período 2013-2020y la utilización de instrumentos fiscales como la Reserva Canarias de Inversiones (RIC) o la Deducción por Inversiones, de creación más reciente, ponen en evidencia la nula  eficacia de dichas políticas y nos atrevernos a decir que han sido contraproducentes, pues a pesar del aumento de la actividad económica,  que ha llevado al presidente Paulino Rivero a sacar pecho diciendo que  “2014 será el primero de los años buenos que Canarias tiene por delante" y que el Archipiélago "dejará atrás lo peor de la crisis económica y creará empleo", la tasa de paro en todos los intervalos de edad y para todos los colectivos (mujeres, jóvenes, parados de larga duración, etcétera) no ha hecho sino crecer.

Desde la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife  creemos que las políticas de empleo deberían proteger a los trabajadores, no a los puestos de trabajo ni a los empresarios. Por ello, si se ha  condenado a la Seguridad Social a tener como única fuente de recursos financieros las cotizaciones sociales con la exigencia, además, de que su  presupuesto debe estar equilibrado,  la medida propuesta por los partidos del arco parlamentario canario para estimular la contratación vía REF, que implicaría trasferencias de una parte importante del capital destinado a las pensiones y otras coberturas sociales a las rentas empresariales, se estaría poniendo en peligro no solo a las pensiones públicas, sino a todo el sistema de Seguridad Social.

Por eso creemos que si de verdad se quiere estimular la creación de  empleo sin añadir  un plus de sufrimiento a los colectivos más sensibles (Pensionistas, personas desempleadas, mujeres, jóvenes), se debe ir en otra dirección. En primer lugar, se deben suprimir las sucesivas reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos del PP y del PSOE,  causantes en gran medida de la destrucción de empleo y de derechos;  abandonar el austericidio impuesto por la Troika y aumentar los salarios, sobre todo el salario mínimo, con lo que, encima, se conseguiría acrecentar los ingresos vía cotizaciones; favorecer y potenciar la incorporación de la mujer al mercado laboral; llevar a cabo una profunda reforma del sistema financiero, nacionalizar aquellas entidades intervenidas por el Estado y renacionalizar las cajas de ahorros, para hacer circular el crédito y estimular la actividad económica, incrementar la inversión pública en sanidad, educación, dependencia, servicios sociales infraestructuras necesarias, etcétera; fomentar las políticas sociales y de apoyo a las familias…

Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, en  Canarias la economía sumergida y la evasión fiscal superan  el 35 por ciento del PIB; por lo tanto, las medidas de estímulo al empleo que proponemos deben venir acompañadas por otras que incidan en el capítulo de ingresos, haciéndose imprescindible una lucha decidida contra esta lacra. Para ello, es esencial que las grandes fortunas paguen impuestos, que se obligue a los empresarios a abonar íntegramente el Impuesto de Sociedades, que las rentas más altas aumenten su cotización a la Seguridad Social y que se eliminen la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) y las SICAV.
    
Sólo activando éstas y otras medidas semejantes se estará atacando la raíz de los problemas que hacen de Canarias una de las autonomías más subdesarrolladas de España.